El proceso de municipalización educacional se inserta coherentemente dentro de una corriente anterior que intenta impulsar la privatización del sistema educativo. El traspaso de las escuelas y liceos a la esfera municipal no se considera la meta del proceso, sino sólo un medio para luego efectuar el traspaso más radical de la subsidiariedad. Sin embargo, muchos sectores de la sociedad —entre ellos la Iglesia Católica— han expresado su preocupación por lo que ésta política significa. Es inquietante pensar que el Estado renuncia a su rol de promover el acceso de los sectores populares a la educación, así como también el no saber a quienes pueden traspasar los establecimientos educacionales.
La desigualdad es en parte un problema de recursos; es una realidad que los establecimientos particulares los poseen y por ende son capaces de hacer inversiones por alumno para así obtener mejores resultados. Muy por el contrario, los establecimientos municipales deben pagar los salarios mínimos que el gremio de profesores negocia con el Ministerio de Educación, lo que significa que entre el 70% y el 80% de los ingresos que estos establecimientos reciben por la subvención se destinan a los salarios. Este factor, que quizá suene irrelevante, repercute en la mirada externa que se le hace a un establecimiento educacional a la hora de calificarlo. Mientras más insumos (tecnologías de punta, mayor número de libros, laboratorios científicos, televisores, radios, equipos de video, etc) tenga a su haber un colegio o liceo, más atractivo es en el mercado y por ende, atrae una mayor demanda.
Lo que para las autoridades de Gobierno de la época es considerado un logro, para otros sectores de la sociedad es motivo de preocupación. Esto puede verse en la siguiente cita:
Inquieta así mismo la posibilidad prevista por la autoridad pública de que las municipalidades traspasen, a su vez, las escuelas recibidas del Estado a manos de terceros. ¿Quiénes serán éstos? Al no haber respuesta clara para esta interrogante, es legítimo temer que la enseñanza pueda quedar radicada en individuos o grupos inadecuados, movidos por ideologías o intereses económicos, y otros igualmente ajenos a la educación y al bien de los educados.
Comité Permanente del Episcopado, Carta Pastoral «La Reforma Educacional»,mayo de 1981color
Estas ineficiencias fueron plasmadas en las movilizaciones del 2006 de secundarios a nivel nacional, donde se vieron envueltos desde liceos emblemáticos de la capital hasta colegios de provincias.
Otra de las críticas radica en que la municipalización ya debería dar paso a la privatización de la educación. Quienes promueven la privatización fundamentan su postura sobre los incentivos de mercado, así, sugieren que los propietarios de establecimientos buscarán competir en contenidos, precios, servicios y valores agregados en la educación, y que esta competencia beneficiará en primera instancia al padre de familia y que por el contrario actualmente la educación está sujeto a la presión de los gremios de maestros y grupos políticos que buscan convertir la educación pública en plataforma electoral.
La desigualdad es en parte un problema de recursos; es una realidad que los establecimientos particulares los poseen y por ende son capaces de hacer inversiones por alumno para así obtener mejores resultados. Muy por el contrario, los establecimientos municipales deben pagar los salarios mínimos que el gremio de profesores negocia con el Ministerio de Educación, lo que significa que entre el 70% y el 80% de los ingresos que estos establecimientos reciben por la subvención se destinan a los salarios. Este factor, que quizá suene irrelevante, repercute en la mirada externa que se le hace a un establecimiento educacional a la hora de calificarlo. Mientras más insumos (tecnologías de punta, mayor número de libros, laboratorios científicos, televisores, radios, equipos de video, etc) tenga a su haber un colegio o liceo, más atractivo es en el mercado y por ende, atrae una mayor demanda.
Lo que para las autoridades de Gobierno de la época es considerado un logro, para otros sectores de la sociedad es motivo de preocupación. Esto puede verse en la siguiente cita:
Inquieta así mismo la posibilidad prevista por la autoridad pública de que las municipalidades traspasen, a su vez, las escuelas recibidas del Estado a manos de terceros. ¿Quiénes serán éstos? Al no haber respuesta clara para esta interrogante, es legítimo temer que la enseñanza pueda quedar radicada en individuos o grupos inadecuados, movidos por ideologías o intereses económicos, y otros igualmente ajenos a la educación y al bien de los educados.
Comité Permanente del Episcopado, Carta Pastoral «La Reforma Educacional»,mayo de 1981color
Estas ineficiencias fueron plasmadas en las movilizaciones del 2006 de secundarios a nivel nacional, donde se vieron envueltos desde liceos emblemáticos de la capital hasta colegios de provincias.
Otra de las críticas radica en que la municipalización ya debería dar paso a la privatización de la educación. Quienes promueven la privatización fundamentan su postura sobre los incentivos de mercado, así, sugieren que los propietarios de establecimientos buscarán competir en contenidos, precios, servicios y valores agregados en la educación, y que esta competencia beneficiará en primera instancia al padre de familia y que por el contrario actualmente la educación está sujeto a la presión de los gremios de maestros y grupos políticos que buscan convertir la educación pública en plataforma electoral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario